- El Auto del Juez de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Getafe admite casi en su totalidad los hechos denunciados en la querella inicial hace más de 5 años
IMPULSA GETAFE ha tenido acceso al Auto del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Getafe, en el que el juez viene a dar la razón a los hechos denunciados hace más de 5 años en la querella que dio origen al conocido como “Caso Teatro”.
En la querella, el hoy portavoz de IMPULSA GETAFE, Roberto Carlos Benítez, apuntaba al por entonces Gobierno Municipal del Partido Popular y en particular al alcalde de Getafe, Juan Soler Espiauba, su concejal de Urbanismo, Paz Álvarez y al Concejal delegado de la empresa pública GISA, Fernando Lázaro, como los presuntos responsables de los hechos denunciados en la querella, que trataba sobre irregularidades en el contrato de derribo de un edificio antiguo y la construcción de uno nuevo que iba a albergar un teatro en la calle Madrid de Getafe y cuya financiación, en parte, se iba a obtener de fondos europeos.
El nuevo auto del juez da la razón a la base de aquella querella, por lo que Paz Álvarez y Fernando Lázaro, pasarán de ser imputados a acusados, ya que el juez les acusa de un posible delito de prevaricación. El ex alcalde, Juan Soler, ha quedado fuera del procedimiento por una cuestión de forma, ya que estaba aforado en su condición de Senador con lo que el juez no tenía competencia para investigarle y omitió el procedimiento para solicitar al Tribunal Supremo que iniciara las investigaciones, por lo que no se ha podido entrar al fondo de su responsabilidad con los hechos. De esta forma, de las tres personas que formaban parte de la querella inicial, a dos de ellas se les abrirá juicio oral.
Así pues, debemos felicitarnos porque la labor vecinal de vigilancia en la contratación pública llevará a dos personas que formaron parte del Gobierno Municipal de Getafe con el Partido Popular, e incluso una de ellas es actualmente concejal del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Getafe, a sentarse en el banquillo de los acusados.
Causa extrañeza que el Partido Popular de Getafe se alegre por este hecho, cuando dos de sus máximos responsables locales van a ser encausados por un delito de prevaricación, y afirme que todo se debe a un problema administrativo, cuando el mismo juez en su auto afirma el “funcionamiento irregular, la falta de transparencia y libre concurrencia” en la contratación de un concurso público.
En lo referente a las 41 personas que han quedado desimputadas en el caso, entre las que se encuentran técnicos municipales, empresarios y políticos, debemos dejar claro que lo fueron en base a las sucesivas investigaciones policiales posteriores, ya que nunca fueron parte de la denuncia de la acusación popular. En estas investigaciones policiales, y las declaraciones en sede judicial, se llegaron a constatar facturas y firmas falsificadas, conversaciones para concertar contratos públicos, y un largo etcétera de hechos sobre los cuales la Fiscalía ha decidido pasar de largo.
Esperamos una pronta resolución de este asunto, para que queden claras las responsabilidades y los hechos sucedidos, para poder cerrar este capítulo tan triste para la historia de Getafe.
